¿Todo en orden? #6

Una semana marcada por los números: en las calles miles de personas se manifestaron por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, en los datos, la inflación fue a la baja y el gobierno respira. Dentro del Congreso se genera polémica por una camioneta valuada en más de US$100.000.

La inflación le da un respiro al gobierno

Esta semana se conoció el dato de inflación del mes de abril. En esta oportunidad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) le sirvió al gobierno como respiro: el valor alcanzó el 2,6%, lo cual representa una caída de 0,8% respecto del mes pasado.

El valor conocido para el mes de abril es celebrado por el gobierno luego de varias semanas de críticas en todos los frentes, desde políticos hasta económicos y sociales. Sin embargo, en el fondo, el índice concentra un dato poco reconocido: el acumulado en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, un valor que ya superó el 10,1% que pretendía el presupuesto aprobado por el Congreso para el resto del año.

Con una inflación mayor a la proyectada, el gobierno enfrenta un desafío clave: redefinir las prioridades dentro del presupuesto para reasignar partidas. En paralelo, deberá actuar estratégicamente para que el ajuste en las áreas menos prioritarias y la licuación de ciertas obligaciones no terminen generando un costo político relevante.

Desde el oficialismo creen que, a partir de ahora, la inflación comenzará a descender. En particular, el presidente Javier Milei manifestó que la inflación se convertirá en un dato “cómodo” en el momento que llegue a “cero”. Mientras tanto, el mandatario dejó en claro que la lucha contra la inflación no se va a dar por terminada. 

Otra de las figuras que salió a hablar sobre la caída de la inflación fue Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que es investigado por enriquecimiento ilícito. A través de X (ex twitter) declaró: “La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina”.

Está claro que el número final sobre la inflación de abril fue un respiro para el gobierno, que finalmente logró cortar una racha de diez meses de aceleración inflacionaria. De todas formas, deberá garantizarse una baja permanente de los precios para poder sostener la legitimidad política en la gestión.

Una semana clave en el Senado

El jueves pasado la Cámara de Senadores fue escenario de una intensa jornada legislativa. Allí se aprobaron prórrogas, se avanzó con la Ley de Regularización de Armas y también se dio ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

Una de las primeras acciones de la Cámara alta fue el ingreso formal de 61 pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Allí se reconoció el inicio del proceso legislativo para aprobar o rechazar, en un futuro, a los jueces remitidos.

Luego, con 58 votos positivos y 11 negativos, el Senado aprobó la prórroga de cinco años a Carlos Alberto Mahiques, padre de Juan Bautista Mahiques -actual ministro de justicia- como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. La aprobación se logró con votos oficialistas, de aliados y de un amplio sector del PJ, lo que avivó las tensiones dentro del grupo opositor.

Carlos Mahiques forma parte de los enemigos judiciales de la expresidente y vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. En parte porque se encuentra juzgando la causa “Cuadernos”, que la compromete judicialmente, y también porque su otro hijo, Ignacio, integró la fiscalía que llevó adelante la investigación  de la causa "Vialidad”, proceso que culminó en la condena de la ex mandataria.

El bloque duro del kirchnerismo rechazó fuertemente el pliego del juez. Entre las declaraciones más fuertes, se encontró la del senador Martín Soria, quien destacó la presencia de "vínculos promiscuos entre el sector judicial, los grupos de poder y un partido político específico”. También hubo críticas por los lazos familiares entre el ministro de justicia y el juez. Frente a estas manifestaciones, la senadora por Neuquén, Nadia Márquez -del partido La Libertad Avanza-, salió en respuesta argumentando: “Ninguno debe quedar fuera de un cargo público por sus vínculos familiares”, reconociendo además la trayectoria académica y judicial de Mahiques.

Más tarde, el Senado aprobó con 40 votos afirmativos y 26 negativos la Ley de Regularización de Armas de Fuego y extendió la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre del 2027.

Mientras que figuras oficialistas como Patricia Bullrich defendieron el proyecto por su carácter  “necesario”, otros senadores justificaron su rechazo con el argumento de que la ley  va "en contra de las familias argentinas".

La nueva ley promete generar un sistema de fiscalización de las armas que circulan en el país. De esa manera, argumentan desde el oficialismo, se lograría reconocer con mayor facilidad las redes de circulación de armas ilegales en el país y así prevenir el delito.

Las universidades se hicieron sentir en las calles

El pasado martes 12 por la tarde, distintas universidades, gremios y partidos opositores al gobierno de Milei, se reunieron para reclamar la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario. El acto principal fue programado para las 17hs en Plaza de Mayo, en donde estudiantes y autoridades educativas leyeron un documento para exigir la implementación de la ley y protestar contra el ajuste del gobierno al sector público. 

Los organizadores señalaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades sufrieron un fuerte recorte, disminuyendo el poder adquisitivo de las mismas, lo cual produjo el mal funcionamiento de las instituciones educativas. Según el escrito difundido, las transferencias estatales sufrieron una caída del 45,6% en el período comprendido entre 2023 y 2026. 

En paralelo al ahogamiento de las políticas de infraestructura para preservación de las casas de estudio, las autoridades denunciaron la asfixia salarial. Desde 2024, Nación cerró las paritarias, lo que dio lugar a un deterioro alarmante del poder adquisitivo. En consecuencia, los rectores advierten una “fuga de cerebros” docentes que renuncian y se trasladan a instituciones privadas o buscan su futuro en otros países: “las y los trabajadores de las universidad públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas” reclamaron. 

La oposición se expresó, defendiendo la marcha y cuestionando el ajuste del Gobierno nacional. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “la universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo” y la definió como una herramienta de igualdad. En la misma línea, el Gobernador riojano Ricardo Quintela afirmó que “las universidades públicas son un derecho conquistado por millones de personas” y denunció que el incumplimiento del financiamiento universitario implica “abandono y discriminación” hacia estudiantes y docentes. Por su parte, Sergio Massa afirmó que “cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él” y señaló que el país “se construye con más educación y más ciencia”.

El expresidente Alberto Fernández publicó un video y reclamó: “La ley debe respetarse”, además de advertir que “sin educación pública tendremos una sociedad mediocre”. También se pronunció Horacio Rodríguez Larreta, quien escribió: “En defensa de la Universidad pública siempre”.

La reacción oficialista

En un duro texto publicado en la red social “X”, La Libertad Avanza calificó a la marcha de este martes como una “política opositora”. Además, defendió la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario bajo un discurso claro: el costo fiscal. Para el oficialismo, aplicar la norma implicaría “un gasto total de 1,9 billones de pesos”, esta es una cifra contraria al pensamiento de la gestión.

En línea con el argumento anterior, el Gobierno subrayó que cumplir con las obligaciones que plantean las universidades se traduciría en “impuestos o emisión monetaria”. En consecuencia, se traduciría en inflación y pobreza.

Desde otro ángulo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello salió al cruce de las autoridades universitarias y la comunidad educativa en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria: "Frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos".

Un diputado con una Cybertruck causa polémica

La aparición de un Tesla Cybertruck, una camioneta valuada en más de US$100.000 en el estacionamiento del Congreso de la Nación generó fuertes reacciones, tanto por parte de la oposición como del oficialismo. El dueño del vehículo es un diputado nacional por Jujuy, que integra el bloque de La Libertad Avanza: Manuel Quintar. 

El legislador de 44 años asumió su banca el pasado 10 de diciembre de 2023. En sus redes sociales se presenta a sí mismo como abogado, empresario, comerciante y deportista. Por ese medio, demuestra su fanatismo por las motos, donde hace apenas unos días compartió un video en donde se lo ve dando una entrevista luego de competir en la categoría Master A del campeonato “Enduro Jujeño”. En sus inicios, Quintar estuvo vinculado al sector médico y la administración de sanatorios y obras sociales privadas. Sumado a ello, dentro de su recorrido político destaca la peculiar candidatura en 2021, cuando se postuló a diputado provincial por el Partido Justicialista, antes de incorporarse a las filas libertarias.

Según fuentes legislativas, apenas inició la repercusión en el caso, el titular de la Cámara Baja, Martin Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del estacionamiento. Su diseño angular y minimalista no es precisamente lo que llamó la atención, sino su precio, ya que se trata de una Pickup valuada en más de US$100.000 en sus versiones más equipadas. Esto no es todo: especialistas en el área automotriz estiman que las unidades importadas de manera privada a la Argentina pueden alcanzar valores de entre US$250.000 y US$300.000 por costos logísticos, carga impositiva y restricciones de importación.

Luego de que se conocieran las imágenes, el legislador libertario apuntó contra los “radikukas del gobierno” de su provincia. “Llanto radikal en 3,2,1” escribió en una historia de Instagram en la que se lo ve junto a la camioneta. Redoblando la apuesta y lejos de calmar la situación, desde su cuenta de X, insistió: “A mi nombre, con la mía…”, escribió junto a la misma foto que su historia.