Proyecto de falsas denuncias: ¿Problemática o fundamento contra ideológico?
El proyecto de ley presentado a fines de 2025 por la senadora Carolina Losada busca penalizar las denuncias falsas de manera más dura, aumentando las penas y agregando agravantes. Losada afirma que estas denuncias representan un malgasto de recursos y de tiempo para el sistema judicial, y que “arruinan vidas”, a pesar de ser extremadamente poco comunes, especialmente en materia de género, el foco principal del proyecto.
En la lucha contra la violencia de género desde el Estado y los múltiples femicidios como los de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia que sacudieron al país, la cuestión jurídica sigue siendo central.
El rol de la Justicia y su modus operandi al recibir denuncias de acoso o amenazas que no son escuchadas y terminan en tragedia, son un foco central de la cuestión de la violencia de género en el discurso popular.
En este contexto, Carolina Losada, senadora argentina representante de la provincia de Santa Fe y del partido Juntos por el Cambio, presentó a fines de 2025 un proyecto de ley cuyo objetivo era aumentar las penas por falsas denuncias hasta 6 años de prisión, incluyendo agravantes relacionados con los delitos contra menores, violencia de género e integridad sexual . Detrás de este proyecto están involucradas ideas relacionadas con el antifeminismo y con la concientización sobre el impacto de las falsas denuncias en los acusados, especialmente aquellos hombres vinculados falsamente con delitos contra la mujer. Sin embargo, junto con esta campaña se encuentran discursos en contra de movimientos como el Ni Una Menos, que plantean una mirada revisionista y radicalizada contra el movimiento feminista y sus avances en las últimas décadas.
Más allá de esto, ¿Cuál es la finalidad ideológica del proyecto? ¿Busca realmente solucionar una problemática penal, o se trata de una contrarreforma ideológica? ¿Qué dicen los datos sobre la frecuencia de denuncias falsas presentadas?
Según el Observatorio de violencia de género de los ministerios públicos, las falsas denuncias constituyeron el 0,09% de las investigaciones penales investigadas en 19 jurisdicciones entre 2023 y 2025. A partir de los datos de las 15 jurisdicciones que desagregan la información por el tipo de denuncia, la mayor parte fue relacionada con conflictos de otras índoles (patrimoniales, vecinales, laborales, etc.), no con la violencia de género.
Las falsas denuncias no constituyen un problema de escala suficiente para ser tratado en un proyecto de ley. Las denuncias falsas no tienen la relevancia que amerita no solo un proyecto de ley que busca limitarlas, sino que la campaña en los medios para “combatirlas” desacreditando al movimiento feminista es igual de irrelevante, sobre todo en comparación a otros asuntos penales, tales como la propia violencia de género. A pesar de esto, la senadora Losada ha sostenido que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas.”, aún a pesar de que en realidad el problema es el subregistro. Además, el 77% de las víctimas de violencia de pareja deciden no denunciar a sus victimarios, revelando la imprecisión de las palabras de Losada.
Las falsas denuncias no son una problemática central en Argentina; por el contrario, el subregistro es una cuestión de alta gravedad debido al exponencial porcentaje de víctimas que nunca denuncian a sus agresores.
Por otra parte, la “lucha” contra las falsas denuncias es un pilar del antifeminismo, el cual es una parte fundamental del discurso de ultraderecha, cuya creciente relevancia ha catapultado este contramovimiento. El doctor de la Universidad de Columbia, Jaime Caro Morente, sostiene que en sociedades como la española, el elemento de hegemonización de la extrema derecha fue el antifeminismo, en contraste con sociedades como la estadounidense, donde el elemento racista fue un factor central debido a la demografía de sus sociedades. En España, “el factor racial y la teoría etno pluralista de De Benoist no tenía mucho terreno fértil donde crecer” , pero “la reacción antifeminista contra un movimiento potente, como existe en España, sí era terreno donde poder abonar una reacción que reivindica la identidad de hombre, la masculinidad y el antifeminismo.”
La sociedad argentina presenta similitudes con la española en términos socioculturales y en la dimensión demográfica, asemejando el discurso para desacreditar el feminismo y enaltecer a sectores más radicales. Caro Morente rescata la utilización del “sentimiento de ultraje que tienen los hombres hacia el movimiento antirracista y feminista para construir, mediante un discurso, un relato, una realidad en la que los hombres blancos están siendo víctimas de un ataque de esos colectivos y lo que tienen que hacer es luchar por sus derechos y defenderse de esos colectivos que no persiguen la igualdad, sino la supremacía.”
Este relato tiene a las falsas denuncias como elemento central, el cual confirma los “intentos” del feminismo para someter a los hombres mediante una “caza de brujas”. Por ende, surge una posible explicación para entender el propósito del proyecto de Losada: implantar el relato de la caza de brujas en el sistema penal, instalando aún más la ideología antifeminista en la sociedad al proveer un marco legal y una justificación de parte del Estado.
La incorporación del proyecto al Código Penal podría dificultar aún más el acceso a la Justicia para aquellas víctimas de crímenes relacionados al género, contribuyendo a desmantelar los avances en materia de perspectiva de género al reducir el número de denuncias que llegan a la justicia y por ende dejando aún más desprotegidas a las víctimas.
Diversas fuentes citan al proyecto de Losada como un elemento disuasor para aquellas víctimas que buscan denunciar. Por ejemplo, la ONU instó a la Argentina a eliminar el proyecto, argumentando que las medidas podrían desacreditar la credibilidad hacia las mujeres y desalentarlas de buscar protección contra sus agresores.
Además, el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos sostiene que agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan.
Se trata de una realidad, reiterada por múltiples organismos: por ende, resulta difícil creer que los impulsores de este documento no hayan tenido en cuenta las consecuencias del proyecto. Así, al invalidar y desestimar la violencia de género, y reducirla de manera artificial minimizando las denuncias emitidas, la sociedad se acerca a una normalización de los crímenes contra la mujer. Esto supone un retroceso en los avances en materia de perspectiva de género, invisibilizar y desinformar, y al reducir los medios disponibles para las mujeres que sufren violencia para escapar de sus situaciones.
Este proyecto consistiría en un desmantelamiento de las herramientas conseguidas por la lucha feminista, implantando la ideología antifeminista y vulnerándola desde el mismo Estado.
Al dificultar el acceso de las víctimas a la Justicia y al borrar la temática de la lucha contra la violencia de género en los medios, el proyecto de Losada busca reemplazar la problemática por un discurso antifeminista en favor de las masculinidades.
El proyecto presentado por Carolina Losada funciona como una contrarreforma ideológica destinada a desmantelar los avances en materia de perspectiva de género. La cantidad ínfima de denuncias falsas registradas en Argentina, teniendo en cuenta que una fracción mínima de ellas están relacionadas a los crímenes de género, refleja que el proyecto no busca resolver una problemática criminal real y estadísticamente significativa en el país.
Por el contrario, su implementación agravaría un problema central en materia de género: el subregistro, ya que el 77% de las víctimas nunca denuncian. Esto se relaciona con el uso del antifeminismo como relato central en el discurso de ultraderecha en Argentina y en el mundo.
Al traer a la discusión una problemática ínfima, se desacredita a las víctimas de violencia de género y la gravedad de los crímenes. Esto se relaciona con el impacto real de la ley: reducir aún más las denuncias debido a las trabas que colocaría al acceso a la Justicia y el miedo que causaría en aquellas víctimas con poco conocimiento legal, reduciendo artificialmente las cifras de reportes de crímenes contra la mujer y por ende normalizando la situación, borrándola de la discusión pública y deshaciendo años de conquistas. Una violencia de género cada vez más invisibilizada por una sociedad que normaliza que una mujer sea asesinada cada 32 horas.
