¿Todo en orden? #21
3,3 millones de hogares pierden el subsidio al gas tras la reforma de Zonas Frías aprobada por el Senado. Patricia Bullrich vuelve a diferenciarse del oficialismo. Mientras, en los juzgados avanzan dos causas: nuevos datos en el teléfono de Claudio Barrelier reactivaron la investigación por el femicidio de Agostina Vega y Nadia Beller aportó su testimonio y su celular en la causa por las presuntas coimas en ANDIS.
Nuevos hallazgos en el caso de Agostina Vega
A más de cuatro meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y abusada sexualmente,, la Justicia continúa avanzando en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar todos los cargos delictivos a Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por los investigadores como responsable del crimen.
En los últimos días, además de la elevación de la causa a una instancia de juicio oral, la Justicia también reveló nueva información: existe documentación y fotografías en el teléfono de Barrelier donde están archivados mensajes e imágenes sobre todo el procedimiento de asesinato.
La investigación comenzó a revelar nuevos elementos sobre lo ocurrido antes, durante y después del crimen. Entre ellos aparecen los mecanismos utilizados para convencer a Agostina de dirigirse a la casa de Barrelier, el pago del remis y las búsquedas de información sobre abusos sexuales, todos ellos surgidos del análisis de su actividad telefónica realizado por la Justicia.
Los informes periodísticos que accedieron a estos elementos hablan de una posible “obsesión por abusar y matar a la joven”. Las nuevas revelaciones adquieren especial relevancia a la luz de las pruebas que ya vinculan a Barrelier con el crimen. La información conocida hasta el momento no solo aporta nuevos elementos sobre la investigación, sino que también vuelve aún más perturbadora la reconstrucción de lo ocurrido.
Continuidad del caso de Nadia Beller y Cerimedo
A mediados de agosto se difundió en redes sociales la denuncia de Nadia Beller contra su expareja, Fernando Cerimedo, consultor político exasesor de Javier Milei. La abogada boliviana había sido víctima de una ataque a balazos y, ahora, volvió a declarar ante la Justicia argentina como testigo en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí ratificó que Cerimedo le había hablado sobre un supuesto vínculo de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, con los manejos ilegales investigados en el organismo.
El fiscal del caso, Franco Picardi, considera que el testimonio de Beller puede resultar relevante para determinar qué información conocía Cerimedo sobre las presuntas irregularidades en ANDIS y qué relación podría existir entre distintos actores involucrados en el expediente. La declaración también podría aportar elementos sobre el origen de los audios atribuidos al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, que dieron inicio a la investigación judicial.
Además, el fiscal recordó una declaración previa de Cerimedo: según su testimonio de hace un año, Spagnuolo le confió en varias oportunidades a lo largo de 2024 que existían hechos de corrupción en el organismo. La Justicia busca ahora contrastar esas declaraciones con el resto de la evidencia incorporada al expediente.
La investigación también alcanza a otros actores, entre ellos droguerías, proveedores, exfuncionarios y otros agentes externos que podrían estar vinculados con las presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contrataciones en ANDIS. El expediente cuenta actualmente con múltiples procesados e imputados, mientras la Justicia continúa definiendo la situación procesal de los involucrados.
En definitiva, Cerimedo atraviesa dos causas judiciales distintas. Por un lado, permanece detenido en Bolivia, donde es investigado como presunto autor intelectual del ataque contra Beller. Por otro lado, quedó involucrado en la causa argentina que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción en ANDIS.
Recorte a zonas frías
El Senado aprobó y sancionó el polémico proyecto que reforma la ley de zonas frías, iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei pretende recortar subsidios al gas en amplios sectores del país con la mira puesta en sostener su política de equilibrio fiscal.
Según estimaciones oficiales brindadas ante las comisiones del Senado por la secretaría de Energía, María Carmen Tetamantti, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares, siendo la provincia de Buenos aires el distrito más afectado.
Con el kirchnerismo fuera del recinto y luego de sortear una jugada para que la sesión fracasara por falta de quórum, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidió evitar futuros contratiempos y pidió que se votara el proyecto en general y en particular.
Apenas había transcurrido poco más de una hora de debate en la que hablaron seis senadores cuando el tablero marcó una votación de 38 votos a favor y 8 en contra que convirtió en ley al proyecto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo último.
La mayoría la aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, respectivamente.
La moneda de cambio para obtener estos respaldos fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica como consecuencia de las altas temperaturas de los meses de verano.
Patricia Bullrich vuelve a diferenciarse del gobierno
La jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el Gobierno al oponerse a que sean sometidas a juicio político las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis.
La exministra de Seguridad cerraba su exposición en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA) cuando enumeró las herramientas del Estado para hacer frente a esa lucha. “¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar”, afirmó.
“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, dijo Bullrich, que fue interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”.
Se refería a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de Capital. La primera intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia -que bajó de 16 a 14 años el umbral penal- y fue revocada por la Cámara; De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto y su fallo está apelado.
Contra estos fallos se pronunciaron dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro y desde ambos espacios impulsaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury.
“Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual, de la provincia de Buenos Aires. Vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’, y le revocó la sentencia”, siguió Bullrich. Y agregó que lo mismo debía ocurrir con la jueza De Marinis.
