¿Todo en orden? #20
La semana estuvo marcada por la caída en los resultados de las pruebas PISA en estudiantes secundarios, donde la mayoría de adolescentes no alcanzan conocimientos mínimos de matemáticas y lectura. Por otro lado, el Gobierno atraviesa tensiones internas, en particular, con Patricia Bullrich, quien se diferenció de algunas decisiones políticas. Finalmente, te contamos cómo avanzan los dos problemas de mayor mediatización: la cuestión Malvinas y el proceso judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
Bajos resultados para Argentina en las pruebas PISA
En Argentina, 8 de cada 10 estudiantes no alcanza los niveles mínimos de desempeño en Matemática, según las pruebas PISA 2025. Por otra parte, 6 de cada 10 no obtiene los aprendizajes mínimos en Lectura y en Ciencias.
Los resultados empeoraron con respecto a los de las pruebas PISA 2022: cayeron un 3,2% en Ciencias, un 3% en Lectura y un 2,9% en Matemática. De esta manera, el país se ubica en el 8º puesto entre los 13 países analizados de la región.
Los datos surgen del informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?” de la organización de la sociedad civil Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo, en base a los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La prueba PISA es una evaluación internacional de la OCDE que mide el desempeño de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana.
En esta edición participaron más de 760 mil estudiantes de 91 países, de los cuales 38 son países miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el caso de Argentina, participaron alrededor de 412 escuelas y 11.093 estudiantes.
Tras la difusión de las pruebas PISA 2025, el gobierno de Javier Milei publicó un comunicado oficial en el que sostuvo que los resultados reflejan “los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad” y que son “consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores”.
“Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes”, indica el texto emitido por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.
Y agrega: “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales”.
Milei respondió por el video de Bullrich y dijo que también escucha Lali
“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.
El presidente Javier Milei se refirió al video que Patricia Bullrich publicó en redes sociales con una canción de Lali Espósito, en medio de las tensiones internas del oficialismo por los cambios previstos en el sistema de discapacidad. El mandatario le quitó importancia a la elección musical y cuestionó que se politice la obra de un artista.
La publicación de la senadora se produjo horas después de que manifestara sus reparos por las modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, en relación con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Bullrich cuestionó, en particular, no haber sido informada sobre esos cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora afirmó que el tema no había sido tratado en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo.
El capítulo sobre discapacidad contempla modificaciones en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También propone cambios en la Ley 24.901, que desde 1997 regula la atención integral del sector.
Detalles sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Durante la última semana, el Gobierno envió finalmente la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso, una iniciativa que tiene por objetivo realizar reformas en materia de seguridad y defensa. Además busca crear un equipo burocrático específico para la protección y monitoreo de los recursos naturales en el territorio nacional.
Desde la cadena nacional el pasado jueves 3 de septiembre hasta el envío del proyecto de ley, el Gobierno llevó adelante una política comunicacional clave para volver a traer al debate la cuestión Malvinas. Sin embargo, la oposición en el Congreso advirtió sobre algunos puntos en la ley que pueden generar ciertos riesgos relacionados a la censura previa y la desinformación.
Entre los artículos controversiales se encuentra el número 111, que busca formar parte del Código Penal. En este apartado, la norma prevé una condena a cualquier organización o agente que tenga la intención de alterar procesos electorales o de promover campañas de desinformación masivas. La pena de entre cinco y doce años de prisión aplica tanto para quienes actúen por cuenta propia o por financiamiento de un Estado extranjero.
Al mismo tiempo, en el artículo 90 de la normativa, el Consejo de Seguridad Nacional -un organismo que se crea en este proyecto de ley- sería la autoridad de aplicación de este tipo de penas. Por tanto, puede iniciar un proceso sancionatorio por su cuenta sin necesidad de acción de la Justicia.
El problema, que reclaman distintos dirigentes y especialistas en derecho, es que no están formuladas con precisión las definiciones de “desinformación” o bajo qué mecanismos el Consejo de Seguridad Nacional considera la “alteración de procesos electorales”. Esto quiere decir que, en principio, la autoridad de aplicación gozaría de discrecionalidad para aplicar sanciones al no contar con reglas claras.
Este problema de imprecisiones o falta de definiciones generan un efecto dañino en relación a la censura previa: existe la posibilidad de enfrentar una pena o investigación por el tipo de contenido que se decide publicar o investigar. Esto puede generar desincentivos a la información y al derecho de libre expresión en una democracia.
Félix Lonigro, un constitucionalista en una nota para Infobae sumó una crítica alrededor de la cantidad de años que prevé las penas de la ley. El piso mínimo de 5 años es comparable al máximo que recibe un funcionario condenado por defraudación contra la administración pública, así como también a otros delitos penales.
Esta comparación que se realiza contra las distintas penas por delitos llama la atención para distintos especialistas, especialmente cuando el margen de acción que obtendrá la autoridad de aplicación sería tan ambiguo. Esto puede generar un riesgo en la forma que circula la información. Por otro lado, algunos funcionarios cuestionan el vínculo entre la “Defensa de la Soberanía Nacional” y este tipo de conductas que formula la ley.
Mientras tanto, el Gobierno confía en su estrategia política para conseguir los apoyos necesarios y aprobar la normativa. La apuesta busca fortalecer la posición de la Argentina en materia de política exterior y consolidar una estrategia de Estado sobre la cuestión Malvinas. A pesar de que en reiteradas oportunidades funcionarios del oficialismo señalaron que no existe una intención de “hacer política” con la causa, el Ejecutivo apuesta por que el respaldo a la iniciativa le permita avanzar en una política exterior sostenida en el tiempo. Esta decisión busca ir más allá de los intereses coyunturales del Gobierno.
Nuevas pruebas ponen en discusión la condena de Cristina Fernández en la causa Vialidad
El nuevo equipo legal de la expresidenta y exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó nuevas pruebas alrededor de la entrega de fondos al Grupo Austral, firma de Lázaro Báez.
Los abogados Carlos Alberto Beralid, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim -este último que también defendió a Lula Da Silva contra su condena por corrupción- declararon el pasado martes 15 de septiembre en una conferencia de prensa tener nuevas pruebas que pretenden demostrar que no hubo beneficio particular para Lázaro Báez.
El argumento que busca suspender la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos nace a través de un informe elaborado por la consultora Specs. Allí, el estudio anunció que sólo el 0,85% de un fondo de 18.6 millones de dólares administrados por la Dirección Nacional de Vialidad y firmado por un decreto de la entonces presidenta fueron dirigidos al Grupo Austral, firma a nombre de Lázaro Báez.
Por otro lado, la principal destinataria de los fondos fue IECSA S.A., una empresa de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Este conjunto de archivos que componen el informe serán presentados -según advirtieron los abogados- a la ONU y a la Cámara Federal de Casación Penal.
Luego de la conferencia, un magistrado de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad informó que ese tipo de argumentos ya habían sido tratados y rechazados en varias oportunidades. En particular, remarcó que el argumento de los abogados está basado en datos nacionales. La condena y el juicio se basaron en la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde el Grupo Austral se quedó con aproximadamente el 85% de las obras.
