¿Todo en orden? #2
Una semana caliente: aumenta la inflación, las internas del Gobierno son cada vez más difíciles de ocultar, el caso Adorni se oscurece aún más y crece el conflicto con las universidades. Veamos los puntos importantes de la semana.
La inflación angustia a la población y al Gobierno
El INDEC confirmó esta semana el dato de inflación del mes de marzo. El índice alcanzó el 3,4% y un acumulado de 9,4% en los primeros tres meses del año. Este dato altera las proyecciones del Gobierno, aunque las autoridades esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mejore para la segunda parte del año. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene que enfrentar un desafío clave: evitar que la inflación supere el 10,1% anual, el nivel que el Congreso fijó como objetivo para el presupuesto de este año.
El aumento en el nivel de precios genera descontento en la población y favorece la organización de la oposición. Esto se debe a que distintos sectores reclaman por una situación persistente: hace diez meses que la inflación no desciende, incluso ya supera los niveles del mes de abril de 2025.
La respuesta oficial, de la mano del presidente Javier Milei, se dio pocas horas después de la publicación de los datos. Fue durante el AmCham Summit, evento que concentra a los principales líderes empresariales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos junto con diversos funcionarios gubernamentales. Allí, se intentó justificar la suba de bienes y servicios con fenómenos exógenos o estacionales como la guerra en Oriente Medio que generó el aumento en combustibles.
Sin embargo, el presidente reconoció que “el dato es malo” y aclaró que todos los esfuerzos se enfocan en revertir este escenario lo más pronto posible. El objetivo de revertir la situación es muy importante por una razón sencilla: el oficialismo concentra su capital político en mejorar el poder adquisitivo de la población. Bajo esta promesa, el gobierno logró ganar las últimas elecciones.
Más allá de todas las explicaciones oficiales, los datos empíricos empiezan a generar inconsistencias con los relatos del oficialismo y erosionan su legitimidad en la sociedad. Por eso, la manera con la que el Gobierno decida manejar la situación macroeconómica, podría ser un termómetro político para pensar el tiempo restante del mandato.
Una interna imposible de disimular
En los últimos días, los miembros de la mesa política del Gobierno, se reunieron en Casa Rosada para diseñar la estrategia parlamentaria alrededor de dos grandes leyes: la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
En paralelo a las reuniones, dirigentes libertarios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo hicieron visibles las tensiones internas a través de las redes sociales.
Todo estalló cuando la Justicia confirmó la cita a indagatoria a once tuiteros –quienes responden a Santiago Caputo– denunciados por realizar amenazas. La denuncia vino de la mano de Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y de máxima confianza para la hermana del presidente.
Frente a la decisión judicial, las principales figuras oficialistas salieron a respaldar a su bando. Así es el caso de Lilia Lemoine, diputada nacional, que defendió a Pareja y recriminó a figuras como Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, por apoyar dirigentes que hoy son catalogados por el Gobierno como “traidores”.
Por su parte, Parisini –fiel seguidor de Caputo– criticó a la diputada en duros términos, incluso poniendo en tela de juicio su capacidad intelectual. Su intervención revela un fenómeno claro: las dos alas más cercanas al presidente comparten visiones distintas de un mismo modelo.
A medida que pasa el tiempo, las internas se profundizan. Además, el costo político de no resolverlas erosiona aún más la legitimidad del Gobierno y expone al presidente en un dilema: intervenir en la interna –con un alto riesgo de profundizar las tensiones– o mantenerse en el status quo y tolerar este conflicto.
Adorni y una causa que se complica cada vez más
Se intensifica el misterio de Caballito
El núcleo más denso de la investigación penal, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, gira en torno a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La propiedad, tasada en USD 230.000, fue adquirida por el jefe de Gabinete mediante un esquema financiero que encendió todas las alarmas en el tribunal federal de Comodoro Py: un préstamo a un año, sin intereses, por USD 200.000 (el 87% del valor total), otorgado por dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
En sus declaraciones testimoniales, ambas mujeres indicaron no tener un vínculo personal con el jefe de Gabinete. Señalaron que la gestión de la operación fue realizada por Diego Martín Feijoo, hijo de Viegas, quien habría actuado como nexo en la transacción. El dueño original del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró que la propiedad había sido reservada en un principio por Feijoo, aunque la escritura final se realizó a nombre de Manuel Adorni con la constitución de la hipoteca mencionada.
Por otro lado, el fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre el perfil patrimonial de Viegas y Sbabo. El organismo deberá informar si los prestamistas contaban con los fondos suficientes y la solvencia necesaria para otorgar un crédito de tal magnitud en divisa extranjera.
Pese al impacto mediático y judicial, el jefe de Gabinete sostiene su posición con el respaldo directo del núcleo presidencial. Sin embargo, el calendario institucional le marca un compromiso ineludible: el próximo 29 de abril, Manuel Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. ¿Por qué? El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar de la marcha del gobierno, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 101, Capítulo Cuarto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó un clima de alta confrontación para la jornada, dando por hecho que será una sesión "picante". Será la primera vez que el funcionario enfrenta un plenario legislativo, en medio del curso de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, lo que convierte a su exposición en un hecho político central para las próximas semanas.
A contrarreloj: El Gobierno redobla la apuesta contra las universidades
El viernes 17 a las 9:30 de la mañana venció el plazo para girar los fondos que determina la Ley de Financiamiento Universitario, monto el cual alcanza los 2,5 billones de pesos (según la estimación oficial). Y alcanza a 56 universidades nacionales, para compensar la pérdida en materia de salario y gastos operativos. El Poder Ejecutivo por su parte, buscará, al finalizar la jornada del viernes, apelar a la Corte Suprema de Justicia para evitar la transferencia del monto.
La fecha límite de este viernes, la dictaminó la sentencia de la La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, la cual rechazó la apelación del Ministerio de Capital Humano y exige al gobierno que implemente de inmediato la Ley de Fortalecimiento Universitario.
El año pasado, el oficialismo no logró sostener el veto a esta respectiva ley. Mientras tanto, los meses pasaron y la comunidad educativa exige equiparar los sueldos del sector a la inflación, tal cual lo decretó Milei para sus ministros nacionales. Por lo tanto, el Gobierno buscará blindar su superávit, que en medio de un escenario de inflación al alza, es un éxito que Milei mantiene y quiere defender a toda costa.
El fantasma de 2024 y una protesta que sigue:
El frente educativo se tensa ante la falta de respuestas presupuestarias. Las comunidades académicas y los gremios docentes han decidido abandonar la modalidad de paros activos o "a la japonesa" para avanzar hacia una medida de mayor impacto. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que, de no mediar una solución por parte del Ejecutivo, convocará a una marcha masiva para la primera quincena de mayo.
El objetivo es replicar la movilización federal de 2024, que se consolidó como la manifestación más numerosa contra la gestión de Javier Milei hasta la fecha. Con el respaldo de rectores y sindicatos, la comunidad universitaria busca traccionar el reclamo por la actualización de partidas presupuestarias y salarios, dando pie a lo que podría ser un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el sistema de educación pública.
Una protesta de alcance nacional genera una inquietud latente en la Casa Rosada. El escenario de una movilización que supera el medio millón de personas en todo el país, en un contexto donde los escándalos de transparencia comienzan a acumularse, forma un frente de tormenta que el Ejecutivo no puede ignorar.
La diferencia sustancial radica en que el contexto actual y el de 2024 son distintos: el nivel de tolerancia hoy refleja un desgaste que se empieza a cristalizar en las encuestas de opinión. Frente a esto, el desafío inmediato del oficialismo será encontrar un mecanismo político para atenuar el escándalo que, lejos de disiparse, amenaza con asfixiar su narrativa. Su capacidad de maniobra ante este nuevo despliegue de la calle será determinante para el resto del trimestre.
