¿Todo en orden? #1
El escándalo de Manuel Adorni, la falta de acuerdo con empresas de colectivos y los dichos de Milei marcan una semana de alta tensión para el gobierno; como contracara, avanza la reforma de la Ley de Glaciares, un logro que le da aire político. Te contamos las claves para entender el momento.
Adorni y un panorama que no aclara
El jefe de gabinete sigue en el centro de la polémica por sus viajes al exterior con su esposa y la compra de propiedades de alto valor. Esta semana, la causa dió un giro sorpresivo: la justicia federal ordenó levantar el secreto fiscal de la mano de Gerardo Pollicita, fiscal a cargo de la investigación penal.
¿Qué significa esta medida? El secreto fiscal es un instituto del derecho tributario argentino que garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por los contribuyentes (Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presenten ante ARCA). Al levantar la confidencialidad, se busca “verificar el origen” de los fondos y reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de Adorni y su mujer Bettina Angeletti.
Por el lado político, sigue habiendo un ciego respaldo del gobierno a su funcionario estrella. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, habló en la semana y comentó que “(Manuel) está muy tocado”, aunque cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei. Para reforzar ese respaldo, el funcionario pidió a sus ministros canalizar consultas y requerimientos de gestión a través de Adorni. El apoyo también se expresó en las redes sociales, allí varios ministros y secretarios publicaron mensajes en Instagram y X.
Mientras el escándalo se agranda, el Gobierno buscará mantener con un perfil bajo al jefe de gabinete, al menos por un tiempo. El tema impacta en la línea más sensible del discurso de Milei: la corrupción. En este escenario, se abre un dilema difícil de resolver: mantener el cargo cueste lo que cueste o limpiar al ministro como en oportunidades anteriores. Es una incógnita que persigue al presidente y tendrá que tomar una decisión próximamente. Por el momento, el oficialismo busca esconderlo. En su última aparición pública, hace dos semanas, Adorni dejó más dudas que certezas y reavivó la tensión con el periodismo.
Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares
Durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados terminó aprobando la reforma a la Ley 26.639 (que ya tenía media sanción en el Senado desde febrero). El gobierno pudo aprobar la iniciativa con una holgada mayoría. Fueron 137 votos a favor (con dos votos de Unión por la Patria, partido opositor), 111 en contra y 3 abstenciones además de 5 ausentes.
El objetivo de la reforma es darle a los gobernadores la capacidad para redefinir los límites de la protección de las zonas periglaciares. Allí van a poder flexibilizar las condiciones para la llegada de inversiones que exploten recursos naturales. El problema surge cuando, en el proceso de flexibilización, se ponen en juego las fronteras que antes estaban protegidas y que cuentan con agua dulce.
La reacción de los sectores opositores fue clara: la judicialización para declarar inconstitucional a la reforma. Este proceso ya está en marcha de la mano de ONGs ambientalistas y del gobernador de La Pampa, Carlos Ziliotto. Otros sectores populares buscan demandar colectivamente al gobierno a través de la junta de firmas de los ciudadanos.
En cualquiera de los casos, el Gobierno tiene una estrategia judicial para hacer frente. Algunos colaboradores tienen la confianza de enfrentar los amparos con firmeza aunque no hay mayores precisiones sobre qué tipo de argumentos van a utilizar. Veremos cómo se desarrolla el conflicto con el paso de los días.
Colectivos llenos de gente y cajas vacías
Esta semana estuvo marcada por la baja frecuencia de colectivos en el AMBA y CABA. ¿Que paso?
La decisión de acotar las frecuencias se explica por dos frentes: por el frente externo, el impacto del aumento en el precio del gasoil acumula un alza del 25% en el último año impulsado por el conflicto en Medio Oriente. Por lo que las empresas del sector alertaron por el incremento en su estructura de costos. A esto se le suma un frente interno crítico: una deuda de Nación por subsidios impagos (atributos sociales) que ronda los $50.000 millones.
El titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) Luciano Fusaro, remarcó que esta situación dejó a las empresas sin los recursos necesarios. Por otro lado, desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) advirtieron que, si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Hasta ahí parece la tormenta perfecta para el gobierno: los empresarios y el sindicato estaban decididos a tomar medidas de fuerza.
El pulso de la calle:
La baja frecuencia se vivió en las calles del conurbano y las principales estaciones de CABA: filas kilométricas para esperar colectivos que pasan cada 30 minutos o incluso más de 1 hora. El malestar social crece a través de críticas al Gobierno por falta de previsión y una respuesta tardía. Sin embargo, el oficialismo busca también darle una carga de culpabilidad a las empresas.
¿Tregua o solución?
Por otra parte, el gobierno nacional citó a los empresarios a una reunión de emergencia (ténganse en cuenta que el conflicto empieza el lunes 6/4 y la reunión fue citada para el jueves 9/4) para mediar y encontrar una solución. Luego del encuentro, desde la cámara de transporte llevaron calma señalando que las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el “máximo esfuerzo posible”.
Si bien el encuentro trajo una tranquilidad momentánea, la fecha clave será este lunes 13 al mediodía, cuando las partes vuelvan a sentarse a negociar. Con líneas que aún mantienen esquemas reducidos, el resultado de esa reunión será determinante para normalizar la vida cotidiana de millones de personas o profundizar un conflicto que ya no admite más dilaciones.
La entrevista (¿exitosa?) de Milei
En la noche del miércoles, Milei dió una entrevista para comentar sus logros en el mandato a través de la Televisión Pública, en el programa Economistas. El formato se dió como un diálogo con los entrevistadores sin preguntas incómodas para el presidente. Sin embargo, surgieron algunas respuestas que dieron para hablar.
En primer lugar, Milei reforzó la retórica de odio hacia los periodistas. Catalogó a la gran mayoría de los trabajadores de los medios como “delincuentes” y que están “envenenados”. Estas palabras son en referencia a posibles acuerdos en el medio periodístico para desacreditar la imagen de la gestión libertaria.
Después, la entrevista continuó con una confesión política: el mandatario reconoció que, durante los últimos meses, las principales variables macroeconómicas no fueron positivas y que la gente atravesó momentos difíciles. De todas formas, también argumentó que este fenómeno fue transitorio y pidió paciencia a la población.
El último dato llamativo fue en relación al rating del programa. A lo largo de la hora y media de duración de la entrevista, sólo se alcanzó un pico de 0,2 puntos de rating. Quizás sea un primer indicio de que los medios públicos están cada vez más deslegitimados.