“Falta de perspectiva a futuro”: el impacto del desfinanciamiento y las medidas de fuerza en las universidades públicas

El frío de los primeros días de julio se siente en Ciudad Universitaria. Sus calles están casi desiertas, a excepción de los colectivos y los grupos de jóvenes que transitan la avenida Intendente Güiraldes. La cantidad de estudiantes, profesores y visitantes de sus dos facultades se redujo con el fin de la cursada y el inicio de los exámenes finales. Sin embargo, no es la única razón por la que se percibe menos gente en el predio.

En este clima de tranquilidad y silencio, los carteles y las banderas que revisten los pasillos de la universidad generan inquietud y ruido en el ambiente. El moderno edificio Cero + Infinito, perteneciente a UBA Exactas, expone una simple pero impactante frase para el contexto actual: “que se cumpla la ley”. Dentro del pabellón 2, cuelga de los balcones de la plaza central una imponente bandera roja, donde se lee en letras blancas la palabra “REMATE”. ¿De qué se trata todo esto?

El desfinanciamiento universitario

Durante 2026, las universidades públicas de todo el país fueron protagonistas de diversas medidas de fuerza, organizadas tanto por el personal docente como no docente. El motivo: los crecientes recortes en el presupuesto universitario por parte del Gobierno nacional.

“Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido con el gobierno de Milei: hoy los salarios docentes deberían aumentar 50% para equiparar la situación de noviembre de 2023. La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso hizo caer este veto al ratificarla con dos tercios de los votos, y a pesar de llevar 146 días promulgada, el Gobierno sigue sin aplicarla”, declaró la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) a principios de año.

El reclamo continúa presente en la esfera pública. Durante la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, miles de personas se movilizaron bajo el lema “Milei, cumplí la ley”, haciendo referencia a la ley 27.795. La misma obliga al gobierno a actualizar los presupuestos de acuerdo con la inflación, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.

El reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien se pronunció en favor de los manifestantes el pasado jueves 25 de junio. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal reconoció el incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo, de la ley sancionada y defendida por el Congreso. Asimismo, puso en evidencia que, si la problemática continúa, podría perjudicar el derecho de enseñar y aprender.

El “remate” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

T. es estudiante de Física y miembro del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN). Está estudiando con su computadora en la oficina del centro, acompañado de un buen mate con bizcochitos y rock nacional. La sala es tan pequeña que, si no fuera por las gráficas del Nuevo CECEN que cubren su puerta y ventanales, sería casi imperceptible. A sus pies, una pequeña estufa eléctrica calefacciona el espacio y ofrece un pequeño refugio ante el frío proveniente del exterior.

Entre escritorios, estanterías y folletos, el centro de estudiantes está abierto a sus alumnos para ayudarles en el contexto actual de incertidumbre, caracterizado por T. por su “falta de perspectiva a futuro”.

“Somos futuros científicos que tenemos ganas de ejercer nuestra profesión. Por cómo se están dando las cosas ahora, no tenemos asegurado poder hacer nuestras tesis o acceder a una beca doctoral o de posgrado. No tenemos ninguna garantía de que podamos terminar nuestras carreras de manera correcta e incluso, si las terminamos, de seguir desarrollándonos como científicos”, expresa el estudiante.

Exactas es una de las sedes de la Universidad de Buenos Aires que se vio más afectada por la implementación de medidas de fuerza. A los recurrentes paros, se suma el hecho de que dos de sus carreras más demandadas no abrieron este semestre: Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación.

T. explica que se trata de una decisión tomada por el Departamento de Computación de la facultad. “Acá en Exactas no existen las cátedras. Los docentes suelen organizarse por gremio y por departamento. Los gremios tienen la voluntad de hacer paro, defendiendo principalmente el salario docente, y los departamentos son los encargados de la organización de las carreras y su contenido”.

La falta de financiamiento afecta a la universidad de diferentes formas. Además del hecho de que los salarios del personal docente y no docente “vienen muy golpeados”, el centro de estudiantes detecta otras irregularidades en el pago a los ayudantes. Mientras que los docentes titulares ganan alrededor de $1.582.283, el sueldo de los ayudantes no llega al millón de pesos.

“Hoy en día, estamos sufriendo una ‘fuga de docentes’. Muchos profesores se van a otras universidades, donde les ofrecen cargos de dedicación exclusiva y mejores sueldos. También, las becas posdoctorales de los ayudantes de primera y de segunda ya no están prorrogadas. Los organismos que las otorgaban, como la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, dejaron de existir”, menciona T.

Asimismo, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, las ayudas económicas para estudiantes como las becas Progresar y Manuel Belgrano se encuentran congeladas. Desde el CECEN, reconocen que el proceso de asignación de las mismas está “bastante más lento”, al mismo tiempo que su monto se encuentra estancado en los $35.000.

Como centro de estudiantes, brindan acompañamiento a los alumnos para “mantener viva a la comunidad de Exactas” y evitar que estos abandonen sus carreras. A su vez, con los fondos recaudados a través de sus kioscos, bares y centros de copiado, ofrecen becas de trabajo actualizadas.

T. afirma que el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales no cuenta con ninguna alianza política partidaria externa a la universidad. Sin embargo, llevan a cabo asambleas, intervenciones y movilizaciones estudiantiles de manera activa, visibilizando el conflicto y manifestándose contra la política de ajuste del gobierno.

“Si salís al playón, vas a ver una bandera, bastante grande, colgada de los balcones. En los noventa, durante la intervención del Poder Ejecutivo a la administración de las universidades, se inició un movimiento acá en Exactas. Se cosió una bandera roja que decía ‘REMATE’ y se colgó del lado de afuera del pabellón. Desde la comunidad, nos pareció que estaba bueno replicarlo, dado que las condiciones actuales son muy parecidas a las de aquel entonces”, describe T.

Más allá de la UBA

El desfinanciamiento golpea a la educación pública universitaria en general, afectando a diversas sedes e instituciones a lo largo y ancho del país. Agustina Sappia como estudiante y Andrés Costantino como docente acuden de manera cotidiana a universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires. Ambos se ven interpelados por los recortes y atraviesan las consecuencias de la emergencia económica en primera persona, principalmente a través de los paros.

Agustina Sappia estudia Biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y se encuentra finalizando el Ciclo de Preparación Universitaria para adentrarse a su carrera. Comenta que su primer cuatrimestre estuvo atravesado por muchos paros, donde cada docente optaba o no por adherirse: “Algunos suspenden todas las actividades, lo que lleva a perder contenido, mientras que otros realizan clases virtuales”.

“En mi caso, como ingresante que cursa presencial solo tres días por semana, el mayor desafío fue que nunca logré adaptarme a la presencialidad. Me sigue costando ir a la universidad, ya que no estoy acostumbrada”, confiesa Agustina.

Por su parte, Andrés Costantino es profesor de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), donde dicta materias como Cálculo Numérico para Ingeniería. Como docente, identifica el impacto negativo del incumplimiento de la ley en la pérdida de días de clase. Las medidas de fuerza retrasan los contenidos a enseñar según los planes de estudio. Si bien la universidad trata de preservar la cursada mediante clases online, esta presunta solución “invisibiliza el problema de fondo”.

“El desfinanciamiento es una realidad macro que repercute directamente en la pérdida del valor real del salario docente y no docente, en la proyección institucional, en investigación, en la parálisis de proyectos y en las caídas de las becas que no solo debilitan el prestigio de nuestras universidades, sino que hipotecan el futuro productivo del país”, admite Andrés.

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria da lugar a un conflicto complejo, con muchas aristas y actores involucrados. Mientras que la política y la justicia discuten acerca de cómo tratar esta problemática, hay un sistema que necesita de una solución inmediata que revierta la situación.