Federalismo y desarrollo desigual

Federalismo y desarrollo desigual
Milei con los gobernadores en la Casa Rosada - Fuente: Oficina del Presidente de la República Argentina (Instagram)

Desde hace décadas, la Argentina arrastra conflictos que guardan una profunda relación con la organización federal del país. Dicho sistema no siempre ha reflejado la verdaderas dinámicas económicas de la nación. Es así que fue incapaz de homogeneizar su estructura económica y social, dando lugar a enormes desigualdades entre provincias.


Desde sus orígenes, la sociedad argentina se ha caracterizado por el llamado “impulso igualitario"; la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, se hace imposible ignorar que esta búsqueda no ha sido totalmente exitosa, como puede verse en las claras asimetrías regionales que persisten hoy en día en el país. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el origen de esas desigualdades? Más concretamente, ¿cómo lidia el sistema federal con ellas? Hallar las respuestas a estos interrogantes es especialmente apremiante en un contexto de cambio de la matriz productiva que podría agudizar la problemática.

La zona históricamente más próspera de nuestro país ha sido la zona centro del mismo (compuesta por las regiones pampeana y de Cuyo). El predominio de esta por sobre otras áreas de la Argentina es muy claro. Por ejemplo, el Norte Grande (compuesto por provincias como Tucumán, Misiones, Jujuy, etc.) alberga al 21% de la población nacional, pero genera apenas el 12,8% del valor agregado bruto (VAB) del país. En contraste, el centro del territorio concentra los mayores aglomerados urbanos: allí reside el 73% de la población y se produce casi el 78% del VAB. Por último, la región sur representa solo el 6% de la población y el 9,5% del VAB, cifra que debe, casi todo, a la explotación de hidrocarburos (Fuente: CEPAL).

Estas brechas se explican parcialmente debido al desarrollo histórico del entramado productivo del país. El mismo, desde sus inicios, ha estado sumamente orientado hacia la explotación de nuestras ventajas comparativas en términos de recursos naturales, siendo su principal foco la exportación de materias primas tales como carne o cereales. Este modelo agroexportador logró, a lo largo del tiempo, poca interrelación con el resto del tejido productivo nacional, dejando así relegadas tanto a actividades económicas como a regiones del país. Tal sería el caso, por poner un ejemplo, de la elaboración de textiles en Jujuy y Salta.

Aquel sistema terminaría entrando en crisis luego de la gran depresión. En respuesta, las autoridades argentinas, a lo largo de sucesivos mandatos presidenciales, dieron inicio a un proceso de industrialización nacional centrado en la industria liviana, destinada al consumo interno. La región centro fue la más beneficiada por este sistema, creándose allí grandes centros urbanos en torno a los nuevos focos fabriles, mientras que las demás regiones se convirtieron únicamente en proveedoras de materias primas. Así, con el trascurso de los años y por el peso, también, de otros factores (como la inversión en nuevas tecnologías, la falta de acceso al crédito o la pobreza estructural, entre otras), se han perpetuado aún más estas asimetrías territoriales.

Por sus claras implicancias en esta situación, es fundamental entender cuál ha sido el rol del estado federal a la hora de corregir dichas desigualdades. Sus grandes herramientas para mitigar este problema han sido la coparticipación federal y distintos tipos de asignaciones sociales (como, por ejemplo, la AUH). Es así como las políticas fiscales y tributarias del gobierno nacional (impuestos más transferencias y coparticipación) han afectado la distribución del ingreso a nivel subnacional, reduciendo las diferencias en el producto bruto per cápita (PBGpc) de las provincias en un 7,9%. (Fuente: CeFIP). Aún entonces, el sistema de coparticipación federal es, hoy en día, incapaz de transgredir algunos límites propios a su capacidad igualadora, especialmente en una situación donde el declive económico de los grandes centros industriales del país, como el conurbano bonaerense, ha reducido la masa coparticipable.

Debemos tener en cuenta ciertos rasgos de nuestro sistema federal que, en un primer momento, pueden pasar desapercibidos, pero que influyen profundamente sobre esta situación. Uno de estos, tal y como argumenta el investigador Carlos Gervasoni, es la naturaleza regresiva del sistema federal nacional. Este elemento regresivo se refiere a que el sistema de coparticipación no se basa en criterios estadísticos, económicos o poblacionales claros a la hora de definir las transferencias de fondos a las provincias, sino que adopta un modelo de cuotas fijas negociadas por motivos políticos entre las gobernaciones provinciales y el estado central. Aquello da incentivos a que la puja por la distribución de la renta nacional no sea interpersonal. Es decir, no se busca una sociedad igualitaria en su conjunto, sino únicamente una distribución más o menos pareja entre provincias, dando lugar a una lucha caníbal por los recursos entre ellas.  

Por otra parte, la distribución de las regalías petroleras, que pertenecen a cada provincia y no al estado nacional, profundizan aún más la brecha entre las provincias beneficiadas por la lotería geológica y las demás. Esto es especialmente interesante a la luz del ya mencionado contexto de cambio de la matriz productiva argentina, que se orientará, ahora más que nunca, a la explotación de estos recursos naturales.

Finalmente, el federalismo fiscal es regresivo debido a la importancia inversa que asigna al tamaño demográfico de cada provincia. Por esta razón, asigna muchos más recursos per cápita a las prósperas (pero demográficamente pequeñas) La Pampa, Santa Cruz o Tierra del Fuego que a las mucho más pobres (pero demográficamente mayores) Corrientes, Misiones o Salta.

 

La Argentina se encuentra en un momento bisagra. Aquello hace necesario revisar nuestro sistema de coparticipación federal, fruto de una ley de 1988 que nunca fue actualizada más allá del mandato constitucional existente. De este modo, se abriría la oportunidad de crear, tras muchos años de estancamiento institucional, un sistema más dinámico que provea incentivos a las provincias para desarrollarse.